Imagine el lector que yo me he comprado una mesa de pool. En mi casa no hay espacio para guardarla, así que la instalo frente a ella, a un costado de la calzada, bien fijada para que no se la roben. Nadie diría que tengo derecho a hacer esto: el espacio público es de todos y es un bien escaso, así que se debe usar siguiendo normas que apuntan a un uso eficiente, orientado al bien común. La mesa de pool es mía y sólo me beneficia a mí; nadie me haría caso si aseguro tener derecho a que el Estado me asigne un espacio en la calle para ponerla.
Cambiemos la mesa de pool por un auto, sin embargo, y a pesar de ser la misma situación, nuestra interpretación cambia totalmente. Tener auto me beneficia a mí y sólo a mí, y con él ocupo gran cantidad de espacio público que podría tener otro uso. No obstante, consideramos un derecho adquirido estacionar el auto afuera de la casa, y que todos tengan que cederme ese espacio.
Evidentemente, la molestia generada en algunos vecinos la construcción de la ciclovía de calle Libertad dista de ser un capricho. A nadie le gusta que ya no le permitan hacer algo que siempre ha hecho, como estacionarse en esta calle. Debido a malas decisiones colectivas, hemos convertido el auto en una necesidad en vez de una opción, los propietarios temen ser víctimas de robos si estacionan más lejos de la casa, y habitantes de casas sin estacionamiento se han hecho de un automóvil en el entendido de que podrán estacionarse donde siempre lo han hecho. Existe, en efecto, un problema, o un “desafío”.
Para resolver este dilema, es necesario que identifiquemos cuál es el requerimiento que nos plantea el bien común respecto al uso del espacio público y vial, a fin de determinar el orden de prioridades. Una vez hecho esto, podemos proceder a armonizar lo mejor posible los diversos usos que deben convivir en el espacio público y pensar en formas de distribuir los beneficios y cargas de manera justa.
El paradigma vigente de movilidad urbana corresponde al denominado “paradigma de la movilidad sustentable”. Consiste en priorizar modos de movilidad más eficientes en el uso de recursos (energía, materiales, dinero, tiempo y espacio) y que generen mayores beneficios asociados y menores impactos negativos para la comunidad. La evidencia empírica ha llevado a determinar el siguiente orden de prioridad: peatones, bicicletas y similares, transporte público (buses y colectivos), circulación de mercancía, y en último lugar el automóvil privado (incluyendo taxis y similares).
Volviendo al ejemplo de la mesa de pool, cuando yo uso mi auto particular, le genero un costo a la comunidad con una actividad que me beneficia sólo a mí. Entonces, se entiende que el bien común exige que se dé prioridad a otros modos más sustentable en el espacio vial.
Aquí aparece la ciclovía de calle Libertad, que es parte del plan de ciclovías del Plan Integral de Movilidad, que conectará toda la ciudad, otorgando a la bicicleta el lugar prioritario que le corresponde, haciendo posible pedalear de forma expedita y segura. Se trata entonces de un avance necesario para nuestra comuna.
Con todo, es importante que se distribuyan costos y beneficios de forma equilibrada. Si los residentes de una calle asumirán el costo de quedarse sin estacionamientos fuera de su casa, es justo, y ayuda a mejorar la factibilidad política de los proyectos, considerar obras que beneficien directamente a los residentes. Por ejemplo, la construcción de una ciclovía puede ser parte de un programa de mejoramiento integral de la calle, contemplando iluminación, seguridad, vegetación, veredas, etc.
Necesitamos buscar formas de distribuir equitativamente los beneficios y cargas de la gestión del espacio público, entendiendo la prioridad del bien común por sobre los intereses particulares. La libertad no se trata de hacer lo que yo quiera, sino de hacer voluntariamente lo que está bien. Por eso, en calle Libertad es donde nace la nueva libertad de Melipilla.